Del paro nacional o de las revoluciones pasivas del Gobierno Petro que no han terminado de ser

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad

Desde la casa de Nariño el presidente Petro no esperaba que el resultado del paro nacional convocado por los grandes sindicatos (aglomerados en la autodenominada “Coordinadora Nacional para el Cambio” (CNPC) terminara en una pobre convocatoria en la Plaza de Bolívar, a la que asistieron en su mayoría algunos sindicalistas, funcionarios del gobierno y curiosos que se acercaron a la tarima instalada frente al Palacio Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá.

Tampoco concibe en su cálculo político (aquel con el que se arriesgó a lanzar la Consulta Popular, con el que desenvainó la espada de Bolívar y con el que hizo un discurso en Barranquilla con la frase “todo el poder pa’l pueblo”) que ahora mismo la gran disputa que le había planteado al Congreso de la República entre representación y soberanía popular terminó desinflándose en medio de la estrategia de los independientes y opositores, que ya le han tomado la medida a sus tácticas políticas y le han comenzado a responder, junto con la dispersión y fragilidad que sus bases sociales y políticas demostraron en el momento en el que él, el presidente, no fue la figura central en la tarima, ni guio el discurso.

Mas bien, es claro que este primer escenario de paro nacional (que al final no terminó distinguiéndose de las marchas previas y de los llamados de defensa de las reformas sociales y el programa del gobierno que se han venido realizando desde octubre de 2022) terminó siendo la prueba del desgaste y de la falta de una estrategia política clara en el momento en que la reforma laboral terminó hundiéndose y, con ella, el riesgo de que el legado del gobierno de cambiar finalmente parte de las condiciones sociales del país terminara decantándose a poco más de un año de terminar su mandato.

Aunque hoy mismo Armando Benedetti indique que la Consulta Popular no será abandonada, también quien ahora funge como ministro del Interior aceptó que ha sido un gran avance la aprobación de la revivida reforma laboral en su tercer debate —como lo indicamos en este artículo—, mientras que las bases del Pacto Histórico, los sindicatos y las organizaciones sociales cercanas al gobierno han señalado que la nueva reforma cercena y destruye el espíritu transformador con la que el gobierno planteó el proyecto, planteando una nueva dicotomía que no termina de comprenderse en el panorama nacional.

Así como tampoco termina de entenderse la repentina retirada del gobierno frente a las movilizaciones de ambos días, con la salida de Benedetti indicando ante los medios de comunicación que el gobierno nunca había convocado a un paro, igual como lo hizo el presidente y Antonio Sanguino frente a la audiencia que lo escuchaba en la Plaza de Bolívar, indicando que esta había sido una iniciativa popular que el gobierno apoyaba.

Con las vías jurídico-administrativas cerrándose ante la imposibilidad de mover la Consulta Popular, y con la reforma laboral a tiempo de ser discutida en la plenaria del Senado la próxima semana, ¿fue sensato el camino de la “radicalización democrática” en este caso?, ¿finalmente se agotaron los intentos del gobierno por movilizar a sus bases?

—Entre las jugadas de la “realpolitik” y las debilidades estructurales

Fuente: W Radio.

Aída Avella, al cierre del debate sobre la revivida reforma laboral, indicó a la Comisión Cuarta que la aprobación de la ponencia afirmativa de este proyecto de ley no solo se resumía en el ambiente cálido y consensuado con el que se reconstruyó el proyecto, como lo afirmaba Angélica Lozano, sino también a la presión popular y a la movilización de la masa trabajadora y del pueblo colombiano en las calles, que había elegido el camino de la Consulta para hacerse escuchar.

Esta idea ha venido calando últimamente en los discursos de algunos de los influenciadores del gobierno, de analistas políticos y de algunos congresistas y figuras dentro del Pacto Histórico, quienes han afirmado que al final el gobierno ha realizado una “jugada política” al presionar al Congreso a que hable de sus temas y vuelva a poner la agenda pública.

Aunque esta afirmación no es del todo falsa (pues en últimas, la agenda pública del Congreso en estos últimos 3 años se ha movido sobre las iniciativas del gobierno), parte de un cálculo racional clásico, en el que se interpreta que la presión institucional funciona para destrabar el proceso legislativo en momentos de bloqueo político, bajo la potencial amenaza de apelar al pueblo como palanca para forzar la negociación con los grupos políticos o los gremios económicos.

¿Por qué ha surgido este bloqueo político? En parte, como lo hemos señalado en este punto, ha sido como resultado de las estrategias legislativas de la oposición y de los bloques independientes por evitar la discusión y el trámite de la agenda legislativa del gobierno. En esto se ha manifestado la débil hegemonía política del gobierno, pero también la desfavorable correlación de fuerzas que el presidente y su Ejecutivo posee frente al poder de los grandes gremios económicos, los partidos políticos y los medios de comunicación.

En cierto modo, el presidente perdió aquel puente con el que pretendía construir una de sus soluciones a este bloqueo (el llamado “Acuerdo Nacional”) con los empresarios, luego del trabajo que Laura Sarabia había realizado desde el DAPRE para mantener la frágil relación entre los gremios y el presidente.

Del mismo modo, poco a poco, desde la primera gran ruptura de abril de 2023 hasta ahora, el gobierno ha perdido su coalición en el Congreso con los partidos tradicionales y con un sector de los verdes, a pesar de que sigue conservando parte de esa fuerza a través de las negociaciones políticas con congresistas directamente y que les han permitido a los partidos conservar burocracia a través de algunos ministerios (La U con el MinTIC, o los liberales con MinComercio, o los Verdes con MinTrabajo y MinTransporte), o de direcciones, como los liberales con la Fiduprevisora.

Sin una mayoría parlamentaria estable, y con poco poder social ampliamente movilizado (como lo demuestran estas dos jornadas de paro nacional), existe una debilidad estructural del gobierno, en la que la Consulta Popular termina siendo una reacción que no termina siendo bien calculada, en tanto 1) No había condiciones para convocarla, y 2) No había condiciones para sostenerla desde abajo.

Sin articulación orgánica del gobierno con sus bases, ni fuerza material que impulse al Congreso y cambie la correlación de fuerzas allí, es posible que el gobierno haya caído finalmente en una ficción movilizadora, asumiendo que la fuerza del 18 de marzo y del 1ro. de mayo denotaban condiciones que en realidad no existían.

Es decir, el gobierno asumió la existencia de un sujeto colectivo activo, articulado y dispuesto a la acción, que en la práctica no se encuentra suficientemente organizado ni con capacidad real de presión sostenida. En el caso del gobierno Petro, esta ficción se ha traducido en la creencia de que los sectores populares, sindicatos y organizaciones sociales que lo acompañaron en la campaña y en los primeros meses de gobierno se mantendrían cohesionados, activos y disponibles para ser movilizados en defensa de la agenda reformista.

—Las revoluciones pasivas del presidente Petro

Fuente: Alerta Bogotá.

El presidente Petro llegó al poder en 2022 con un discurso de ruptura frente al pasado. Asumió las banderas de las demandas sociales y políticas que amplios sectores del país que se movilizaron durante los paros nacionales de 2019 y 2021 y habló que, desde el poder, buscaría cumplir con las transformaciones necesarias para consolidar aquella agenda.

No obstante, y a diferencia de la lectura de otros análisis desde orillas más tradicionales, el gobierno de Gustavo Petro terminó siendo un gobierno ceñido a los marcos institucionales establecidos, sin llegar a una reconfiguración radical del poder, en un sistema político cuyo pesos y contrapesos han tendido a funcionar y en el que no se ha roto el orden institucional, aunque el presidente juegue discursivamente con aquella posibilidad.

En últimas, el gobierno Petro ha buscado cumplir una agenda de reformas utilizando el aparato del Estado administrativamente en su forma liberal, pero al mismo tiempo antagonizando con él cuando las demandas de cambio no se cumplen, o se ralentizan, o entran en un estancamiento debido a las resistencias y bloqueos institucionales que pueden surgir en el mismo Estado ante estos cambios.

Del mismo modo, ha habido un “adormecimiento” de la movilización popular, que hasta cierto punto ha puesto sus expectativas en el gobierno y no en sus propias bases como agentes históricos del cambio. En últimas, hubo un traslado de esta agencia desde las bases movilizadas hacia el presidente, quien ahora mismo es la máxima figura de estas expectativas.

Esto es problemático, en parte, porque precisamente se institucionalizó la capacidad de movilización social y se subordinó a los intereses y las agendas del gobierno. Si bien el presidente ha hablado de un proceso “revolucionario”, citando en varios eventos a Alfonso López Pumarejo con la “Revolución en Marcha”, es verdad que, en su discurso, la idea del cambio termina siendo vaciada de ese carácter revolucionario.

Este fenómeno ha tenido una consecuencia clara, que es visible en la atomización de la convocatoria del paro nacional de este 28 y 29 de mayo, y es que el movimiento social —que con las manifestaciones del 1ro. de mayo y del 18 de marzo pasados se asumían fortalecidos— finalmente ha terminado siendo dependiente de la expectativa de que el Estado realice el cambio por ellos, desde el poder, y una absorción parcial de estas bases políticas y sociales en el mismo Estado.

Sin un movimiento social autónomo, paralelo y complementario a la iniciativa de un Estado cuyo órgano ejecutivo quiere proceder con una agenda política de cambio, todo el proceso de movilización que ha querido impulsar Petro desde las denominadas “asambleas populares” y la Coordinadora Nacional para el Cambio termina en la desarticulación del sujeto político popular, sustituido por la figura presidencial, lo que lleva a la dispersión de estas mismas bases.

Siendo así, la promesa de poder popular termina convertida en una delegación pasiva del poder al gobierno, sin empoderamiento real desde abajo.

—Petro y el laboratorio del paro

Fuente: El País América Colombia

Desde su llegada al poder, el presidente Gustavo Petro ha ensayado diferentes formas de articulación entre el gobierno y la movilización social. Más allá del relato institucional, Petro ha concebido la calle como un espacio de disputa política y simbólica, una especie de “laboratorio” donde puede medir la temperatura del apoyo popular, presionar al Congreso, y reafirmar su narrativa de transformación frente a lo que denomina los poderes establecidos. Sin embargo, esta estrategia ha mostrado importantes límites.

Tanto las manifestaciones que el gobierno ha convocado desde octubre de 2022, como este reciente Paro Nacional no han sido movilizaciones concentradas sólo en los repertorios de acción tradicionales de estas movilizaciones, sino más bien han terminado siendo convocatorias simbólicas de respaldo al gobierno y a sus reformas.

Estos eventos han tenido una carga más performativa que disruptiva: se han enfocado en mantener viva una mística y la simbología alrededor del “mandato popular” y en sostener la idea de un gobierno acompañado por el pueblo movilizado. En la práctica, han funcionado como un termómetro político, y no como palanca de presión efectiva.

El problema, como ha quedado evidenciado en la reciente convocatoria del paro nacional del 28 y 29 de mayo, es que ese laboratorio ha comenzado a revelar que la energía social que impulsó a Petro hacia la presidencia no es automática, ni constante, ni garantizada, y que no se puede crear de ninguna forma de manera artificial, como el gobierno ha querido hacerlo desde hace 3 años.

Todo esto termina por evidenciar que el gobierno sobrestimó su capacidad de movilización y subestimó la necesidad de construcción orgánica con los sectores sociales. Lo que el gobierno intentó fue montar una suerte de movilización desde arriba, utilizando las redes institucionales (ministerios, sindicatos aliados, organizaciones sociales cercanas y burocracia partidista) como sustituto del trabajo político en las bases. El resultado fue previsible: baja participación y poca canalización de ese elemento simbólico y carismático que el presidente posee.

Además, este laboratorio ha generado una paradoja: si se institucionaliza la movilización y se subordina a las lógicas del gobierno, termina por desactivarse la autonomía de los movimientos sociales. Del mismo modo, el uso reiterado del recurso a la movilización desde el poder ha terminado vaciando de contenido el repertorio simbólico del cambio.

Todo esto ambientado en el gran temor que el presidente Petro tiene de que la ruptura lo lleve a un punto de no-retorno con los gremios económicos y los partidos políticos. Aunque los ruidos de sables y las amenazas de una toma violenta del poder se han quedado en los discursos más incendiarios de las movilizaciones de la oposición, el temor a un escenario de esta magnitud lo desvela, igual que comprender que la movilización social no ha respondido de la manera que ha querido.